FlixBus: ¿marketplace o operador encubierto? El laberinto legal detrás de sus buses verdes

A primera vista FlixBus parece otro “marketplace” de la economía colaborativa: agrupa buses de terceros, agrega una capa tecnológica y vende pasajes – o, al menos, eso afirma en su publicidad. Sin embargo, al profundizar en sus contratos y en la forma en que fija rutas, tarifas y hasta los colores de los vehículos, surgen dudas legítimas: ¿es realmente un intermediario o un operador encubierto que sortea la regulación para apostar al crecimiento a cualquier costo?

El argumento de la plataforma

FlixBus insiste en que solo facilita el encuentro entre transportistas y pasajeros. Pero su contrato maestro exige rotular los buses de verde, respetar horarios programados centralmente y aceptar que la app decida tarifas dinámicas. En la práctica, el “socio” no puede:

• Cambiar la imagen del bus.
  
• Ajustar precios si sube el combustible.
  
• Elegir libremente trayectos.
  

La asimetría recuerda más a una franquicia que a un simple marketplace.

¿Qué dicen los precedentes europeos?

• España (2023): la Audiencia Nacional obligó a inscribirse como operador para ciertas rutas bajo concesión estatal.
  
• Italia (2022): Antitrust multó a la firma por “informar de forma confusa” la identidad del transportista real.
  

En ambos casos los reguladores concluyeron que la compañía ejerce control efectivo sobre la prestación del servicio.

Riesgos para el pasajero

1. Responsabilidad civil difusa: en siniestros graves, los consumidores quedan atrapados entre la póliza de FlixBus (limitada) y la del “socio”.
   
2. Información engañosa: los términos y condiciones remiten a un “operador asociado” cuyo nombre aparece recién al final de la compra.
   
3. Cobertura de seguros insuficiente: si la firma no posee título habilitante, el Estado no fiscaliza sus niveles mínimos de cobertura.
   

Impacto en la competencia local

Al no cargar con los costos y requisitos de un operador tradicional (renovación de flota, exámenes médicos, auditorías anuales) puede fijar precios artificialmente bajos y presionar a compañías nacionales a flexibilizar estándares de seguridad para sobrevivir.

La línea entre plataforma y operador no puede seguir difusa. Es indispensable definir si la empresa debe inscribirse como concesionario y someterse al régimen de fiscalización técnica y económica.