Lavado de activos sobre ruedas: por qué el transporte terrestre es terreno fértil

De todos los sectores expuestos al blanqueo de capitales, el transporte interprovincial reúne un conjunto explosivo de factores de riesgo: grandes flujos de efectivo, controles contables laxos y la posibilidad de justificar pérdidas crónicas con la excusa del “crecimiento” o de la “tarifa promocional”. Documentos internos de una plataforma de buses low-cost que planea su entrada en Perú describen un modelo basado en descuentos de hasta el 50 % y comisiones que absorben la mayor parte del margen del transportista, arrojando balances negativos pero movimientos de caja elevados. Para las redes criminales, ese —precisamente— es el escenario perfecto para diluir fondos ilícitos sin levantar sospechas.

¿Por qué el bus y no otro sector?

El lavado de activos prospera donde:

1. Abunda el efectivo. En terminales provinciales la venta de boletos sigue siendo, en gran medida, presencial y en cash.
   
2. Hay pérdidas verosímiles. Un negocio que opera “a pérdida” mientras se expande explica cualquier desbalance contable.
   
3. La fiscalización es dispersa. Los controles de la Superintendencia de Transporte se centran en seguridad vial; los aspectos financieros pasan a segundo plano.
   
4. Las rutas conectan con zonas ilícitas. Corredores donde circulan minería ilegal, tala y narcotráfico ofrecen la oportunidad de mezclar dinero sucio con la recaudación diaria.
   

Cuando una empresa anuncia márgenes negativos como “estrategia de mercado”, aporta la coartada perfecta: transferencias de capital no tienen que cuadrar con la rentabilidad porque, oficialmente, no la hay.

Tres engranajes típicos de un esquema de blanqueo

Subvaloración del servicio
Vender pasajes muy por debajo del costo real hace que el exceso de dinero ingrese al negocio como “subsidio” de accionistas. En realidad, el efectivo proviene de actividades ilícitas que se mezclan con la caja diaria y terminan bancarizándose como “aporte de capital”.

Empresas vehículo
Bandas criminales constituyen sociedades nuevas, compran buses al contado y los afilian a la plataforma. Como los balances mostrarán pérdidas, nadie repara en que las unidades se amortizan con rapidez inusual. Los fondos de origen dudoso se vuelven “venta de pasajes”.

Opacidad tarifaria
Cuando el precio lo fija un algoritmo que varía varias veces al día y no existe obligación de publicarlo con antelación, la trazabilidad se diluye. La Unidad de Inteligencia Financiera pierde referencia para detectar operaciones sospechosas.

El propio informe de la plataforma reconoce que “tarifas dinámicas y comisiones elevadas justifican déficits contables durante los primeros cinco años de operación” —una ventana ideal para lavar capitales antes de la etapa de rentabilidad.

Indicadores rojos que todo regulador debería vigilar

• Flotas nuevas financiadas al contado por sociedades recién inscritas en Registros Públicos.
  
• Variaciones abruptas de tarifa sin relación con el precio del combustible ni la demanda estacional.
  
• Incremento continuo de rutas pese a reportar resultados negativos.
  
• Alto porcentaje de boletaje físico aun teniendo plataforma online.
  
• Propietarios o accionistas con actividad económica incongruente (comerciantes minoristas que de pronto invierten millones en buses).
  

Estos patrones coinciden con las tipologías descritas por el GAFI para transporte terrestre en América Latina.

Medidas de mitigación: qué pueden hacer MTC, Indecopi y la UIF

Clasificar a las plataformas con control de precio como operadores
Si determinan rutas, horarios y branding, deben inscribirse como empresas de transporte y someter sus finanzas a la misma auditoría que cualquier flota tradicional. Precedentes en España e Italia ya aplicaron este criterio.

Integrar boletaje electrónico con SUNAT y UIF
Cada boleto emitido —sea online o en taquilla— debe reportarse de forma automática, con RUC del operador y precio final. Esa base permitiría cruzar volúmenes de pasajeros con ingresos declarados.

Publicar tarifas históricas
Un portal abierto con la evolución de precios por ruta haría visible cualquier dumping prolongado y facilitaría alertas tempranas de libre competencia.

Exigir certificación de origen de fondos a nuevos socios
Antes de incorporar flota, la plataforma debería presentar estados de cuenta y declaraciones juradas de los inversionistas; la UIF ya aplica este protocolo en sectores como casinos.

El rol de los transportistas y de la sociedad civil

No todo recae en el Estado. Los operadores consolidados pueden unirse para:

• Establecer estándares de transparencia en tarifas y pólizas.
  
• Impulsar sistemas de pago electrónico que reduzcan el efectivo.
  
• Denunciar dumping tarifario cuando detecten precios irreales de competidores.
  

A su vez, los pasajeros tienen derecho a exigir información clara sobre la empresa que les presta el servicio y las coberturas de seguro contratadas.

El discurso del “low-cost disruptivo” seduce porque promete boletos baratos y rutas nuevas. Pero cuando la tarifa cae por debajo del costo real y las pérdidas se vuelven regla, el transporte terrestre deja de ser un simple negocio de movilidad para convertirse en un canal de lavado. Ignorar la señal temprana puede costar caro: menos competencia legítima, más inseguridad vial y el fortalecimiento de economías ilegales que ya lastran el desarrollo del país. Controlar hoy —con datos, integridad financiera y reglas claras— es la única forma de evitar que el dinero sucio se cuele, literal y metafóricamente, por la puerta del bus.